La
criminología, como disciplina ha sido un apoyo al derecho, es quien se encarga
de estudiar el delito, las causas, consecuencias en las sociedades y además de
esto, busca como prevenir estos comportamientos para beneficio de la misma.
A
través de los años, la criminalidad ha sido uno de los problemas que más ha
aquejado a las sociedades, desde las más desarrolladas hasta las más rezagadas
en sus índices de desarrollo humano, es decir, es un problema común al que no
se le ha hallado una solución definitiva debido a la multicausalidad del
fenómeno.
Si
bien es cierto, el término de políticas públicas tiende a ser muy amplio porque
abarca algunos sectores de la sociedad en los cuales la criminología no
participa de forma profesional, el impacto que estas pueden llegar a tener en
reducir los índices de delincuencia puede ser considerable.
Por ejemplo,
en Costa Rica la Política Nacional del Deporte, la Recreación y la Actividad
Física (DRAF) 2019-2030, que, aunque no se relacione en el campo de acción de
la criminología, a través de ella muchos jóvenes pueden mantenerse alejados del
consumo de drogas y de la delincuencia.
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| Imagen 1: PONADRAF (2020) |
Política Nacional del Deporte, la Recreación y la Actividad Física (DRAF)
Por otro
lado, políticas públicas impulsadas por el Consejo Nacional de la Niñez y la
Adolescencia acerca de esta población, impulsan ejes trasversales que coadyuban
a la inclusión, como la seguridad y la convivencia pacífica.
Aunado
a estas políticas mencionadas anteriormente, que impactan de forma indirecta e
intentan prevenir el inicio de una posible carrera delictiva, existen otras
totalmente dirigidas a reducir los niveles de violencia en contra de grupos
vulnerables de la sociedad, por ejemplo, mujeres, niños, adultos mayores y
demás.
Un
ejemplo de lo anterior es la Política Nacional para la atención y la prevención
de la violencia contra las mujeres de todas las edades, Costa Rica 2017-2032,
que impacta de forma directa, ya que se trata de la implementación de proyectos
y acciones que promuevan el cumplimiento de los reglamentos jurídicos ya
existentes.
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| Imagen 2: PLANOVI (2017) |
PLANOVI 2017
Expuesto
lo anterior, la relación entre la criminología y las políticas públicas es
cercana debido a que para realizar este tipo de políticas se requiere de
profesionales en distintas áreas del saber, para así poder abarcar ejes que de
otra forma quedarían por fuera, se debe de tener sobre todo la visión de una
persona profesional en criminología en aquellas políticas que vayan dirigidas a
la prevención de conductas antisociales en la sociedad.
Sin
embargo, en este punto, debe hacerse entonces la aclaración de que las políticas
públicas que van enfocadas en temas de criminalidad y prevención del delito son
llamadas políticas públicas criminológicas ya que son específicas para tratar
de solventar los temas de seguridad.
No
debe de confundirse el termino de política criminal con el de política pública
criminológica ya que esta última viene siendo la atención a un problema en
seguridad mientras que la primera exige medidas de represión a variedad de
delitos tipificados ya tipificados en el código penal y leyes especializadas.
Las políticas
públicas criminológicas en Costa Rica se impulsan a través de varias
instituciones, por ejemplo, el Poder Judicial, Ministerio Público, el Ministerio
de Justicia y Paz, Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración
de Justicia (CONAMAJ), además del Instituto Latinoamericano de las Naciones
Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD)
y demás.
Las políticas
públicas criminológicas, como toda política pública, debe de garantizar el respeto
a los derechos humanos, sobre todo en una sociedad como la costarricense, donde
a través del populismo punitivo se ha instaurado un pensamiento de venganza
hacia las personas privadas de libertad o en conflicto con la ley además de la costumbre
de ver a estas personas como ciudadanos de segunda categoría.
Es por lo mencionado anteriormente, que las políticas criminales de endurecimiento de penas poseen mayor popularidad en la sociedad costarricense, y, por lo tanto, en el ámbito legislativo, son los proyectos que son aprobados de forma rápida, ante el desconocimiento de los legisladores, de igual forma, la misma sociedad demanda que estas políticas sean aún más endurecidas, es decir, que se aumenten las penas de cárcel y reduzcan los beneficios carcelarios.
Intervención José María Villalta en la Asamblea Legislativa 09 de junio 2021 (Populismo Punitivo)
El
endurecimiento de las penas solo consigue que los centros penitenciarios continúen
funcionando como depósitos de personas, y que las políticas públicas como la de
justicia restaurativa, y de reinserción social de personas privadas de libertad
sean aún más difícil de llevar a cabo debido a la presión social y la oposición de la ciudadanía
ante estos temas de agenda pública.
Referencias:
Instituto Nacional del Deporte y la Recreación. (2020). [Imagen 1]. PONADRAF. Recuperado de: https://juegosdeportivosestudiantiles.com/wp-content/uploads/2020/10/Politica-Nacional-del-Deporte-la-Recreacion-y-la-Actividad-Fisica-PONADRAF-2020-2030.pdf
Instituto Nacional de la Mujer. (2017). [Imagen 2]. INAMU. Recuperado de: https://es.scribd.com/document/401464188/PLANOVI-2017-2032-pdf
Jaime. O. (2015). Píldoras Criminológicas. ¿Cómo se diseñan las políticas públicas de seguridad?. YouTube. Recuperado de: https://youtu.be/oHO92yp5rns
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